El presidente Abelardo de la Espriella firmó la derogación del decreto 1482 del 31 de diciembre de 2025, que amplió por un año más la suspensión del porte de armas a nivel nacional durante todo 2026.
El decreto 1368 de 2026 indica que levantar la restricción adicional “no autoriza el libre porte de armas de fuego, ni modifica los requisitos legales, condiciones, restricciones y controles previstos en el Decreto Ley 2535 de 1993 y demás normas aplicables”.
La lógica presidencial: adicionar restricciones permitió las armas ilegales. El presidente señaló que la mayoría de los delitos cometidos en el país ocurren con armas ilegales: “Entre el primero de enero y el 3 de septiembre, nuestra Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego. De ellas, 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos”, dijo.
Según esos cálculos revelados, 980 armas estaban vinculadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN.
Se pueden portar armas con salvoconductos vigentes. El decreto establece que solo podrán portar armas quienes tengan los permisos vigentes y no estén suspendidos o cancelados. “El ejercicio del porte estará circunscrito al arma o armas específicamente amparadas por el respectivo permiso y a las condiciones establecidas en el mismo”, dice el decreto.
Según datos del Ministerio de Defensa a 2025, entregados a la oficina del congresista conservador Juan Carlos Willis, había cerca de 700 mil armas con salvoconducto. 40% de ellas estaban en Bogotá.
Los mitos a favor del porte de armas. Como han mostrado expertos de La Silla Vacía, permitir que los civiles porten armas de fuego conduciría a un aumento de la violencia armada y no a su disminución. De hecho, es un mito que “con armas de fuego se está más seguro”, se “detiene a los delincuentes” o que solo “gente de bien va a tenerlas”, como insiste el presidente.
