La propuesta de Abelardo de la Espriella de imponer cadena perpetua a asesinos y abusadores de niños ha encendido un debate nacional. Para sus defensores, se trata de un acto de justicia implacable que busca proteger de manera definitiva a los menores y enviar un mensaje contundente contra quienes cometen crímenes atroces. La indignación social respalda la idea de que estos delitos no merecen segundas oportunidades ni posibilidad de resocialización.
—
Sin embargo, juristas y sectores críticos advierten que la iniciativa choca con la Constitución y con el principio de dignidad humana. Recuerdan que la Corte Constitucional ya tumbó la cadena perpetua en 2022, y alertan sobre el riesgo de caer en un populismo punitivo que no resuelve las causas de la violencia. El país se encuentra así en una encrucijada: entre la exigencia ciudadana de castigos ejemplares y los límites legales que protegen los derechos fundamentales.
