Alejandro Lyons, quien llegó a Bogotá deportado desde los Estados Unidos. El exgobernante es señalado por varios hechos de corrupción durante su administración. Lyons es requerido por la justicia colombiana por varios delitos, aquí te contamos.
El exgobernador había salido de Colombia en 2017 y fue deportado tras haber solicitado asilo en los Estados Unidos. En ese país fue colaborador del FBI en el marco de las investigaciones relacionadas con el “cartel de la toga”. Por eso fue incluido en el programa de protección de testigos.
El “cartel de la hemofilia”
Alejandro Lyons tiene cuentas pendientes por investigaciones relacionadas con hechos de corrupción en su gobernación entre 2012 y 2015. Uno de los casos más sonados en los que se le requiere como testigo es el escándalo conocido como el “cartel de la hemofilia”, que fue un esquema de corrupción que desvió más de $70.000 millones del sistema de salud en Córdoba. Varios exfuncionarios de su administración, entre ellos exsecretarios de Salud, enfrentan cargos penales por su participación en este escándalo.
El exgobernante también es señalado de haber favorecido la adjudicación de proyectos públicos mediante prácticas irregulares a cambio de comisiones. Según la Fiscalía, las investigaciones sugieren que Lyons y otros miembros de su administración se repartían un porcentaje cercano al 30 % de los contratos celebrados.
“Exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, fue dejado a disposición de las autoridades, por parte de Migración Colombia en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Lyons, que llegó en un vuelo de deportados de los Estados Unidos, es requerido por concierto para delinquir”, informó Migración en su cuenta de X (antiguo Twitter).
Vale recordar que el exfuncionario estaba en libertad bajo fianza desde el 29 de mayo en Estados Unidos desde hace algunas semanas, después de estar cuatro años recluido en prisión mientras se definía su extradición a Colombia.
Desde 2021 Lyons es requerido para que cumpla una condena de cinco años de cárcel por hechos de corrupción por el saqueo de más de $9.000 millones de recursos de regalías.
