El gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, pondrá fin a la política de “paz total” impulsada por la administración de Gustavo Petro desde el próximo 7 de agosto. La nueva estrategia marcará un cambio radical en la política de seguridad del país y dejará a los grupos armados ilegales con solo dos opciones: someterse a la justicia o enfrentar una ofensiva militar por parte del Estado.
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Durante su campaña presidencial, De La Espriella fue enfático en que desmontaría los procesos de negociación que, a su juicio, no produjeron resultados concretos y terminaron fortaleciendo a las organizaciones criminales. Su administración sostiene que la prioridad será restablecer la autoridad del Estado y combatir a las estructuras ilegales mediante operaciones de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
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Antes de concluir su mandato, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, entregará al nuevo gobierno un informe sobre los procesos adelantados con diferentes organizaciones armadas, entre ellas las disidencias de las Farc lideradas por Calarcá, los Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y estructuras criminales que operan en Medellín, Buenaventura y Quibdó. Sin embargo, ninguno de estos diálogos culminó con desmovilizaciones colectivas, pese a que el Gobierno destinó más de 100.000 millones de pesos para su implementación.
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Otro de los cambios anunciados será la eliminación de los beneficios otorgados durante el proceso de paz total, entre ellos la suspensión de órdenes de captura para algunos voceros de las organizaciones ilegales.
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Actualmente, esos beneficios cobijan a integrantes de las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, pero la administración entrante ha manifestado que revisará y desmontará esas medidas como parte de su nueva política de seguridad.
