Ofensiva integral contra las actividades criminales que se coordinan desde las cárceles del país

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, anunció una ofensiva integral contra las actividades criminales que se coordinan desde las cárceles del país, con el objetivo de frenar la extorsión y otros delitos que afectan la seguridad ciudadana. La estrategia contempla medidas tecnológicas, administrativas y disciplinarias, bajo una política de cero tolerancia.
Como primera acción, a partir de esta semana se implementará el bloqueo total de señales de telefonía móvil en las cárceles de Cómbita (Boyacá), Valledupar (Cesar) y La Dorada (Caldas), que se convierten en centros piloto de esta medida. De acuerdo con el ministro de Justicia, Andrés Idárraga Franco, el propósito es neutralizar la capacidad de las organizaciones criminales para coordinar delitos desde el interior de los penales.
Para ello, se utilizarán equipos electrónicos especializados, diseñados para inutilizar las comunicaciones móviles en áreas específicas, sin afectar las redes de emergencia ni el entorno institucional de los establecimientos carcelarios.
Durante un acto oficial realizado en la cárcel La Modelo de Bogotá, el ministro fue enfático en señalar que no se aceptarán más excusas técnicas frente al funcionamiento de los bloqueadores de señal. Idárraga calificó como inadmisible que Colombia sea percibida como un país donde estas tecnologías no operan de manera efectiva y exigió resultados inmediatos para recuperar la confianza de la ciudadanía.
La ofensiva también incluye una limpieza administrativa y un control disciplinario estricto. Según lo anunciado, los directores de centros penitenciarios que permitan irregularidades, como fiestas, beneficios injustificados, fallas graves de control o fugas, serán retirados de sus cargos de manera inmediata. Con esta medida, el Gobierno busca erradicar cualquier forma de complicidad, negligencia o corrupción interna.
En cuanto a la seguridad del personal penitenciario, el ministro relacionó los recientes atentados contra funcionarios del INPEC con las estructuras criminales que operan desde las cárceles. Como respuesta, se inició un diálogo formal con los sindicatos para fortalecer las condiciones de protección del personal y se realizó la entrega de nuevos elementos de seguridad al cuerpo de custodia y vigilancia.
Finalmente, el Gobierno Nacional reiteró su compromiso de mejorar la infraestructura carcelaria, no sólo para garantizar la efectividad del bloqueo tecnológico, sino también para asegurar condiciones dignas tanto para las personas privadas de la libertad como para los funcionarios, destacando que un sistema penitenciario bajo control es clave para la seguridad nacional.




