La subteniente Jenyfer Alexandra Marciales Londoño, comandante de la estación de Policía en la isla de Providencia, fue hallada sin vida el pasado 2 de mayo dentro de su habitación, en el mismo complejo policial donde cumplía funciones. El cuerpo de la oficial fue encontrado a las 2:10 de la tarde con una herida de bala en la cabeza, cuando otro uniformado, al no tener noticias de ella, se acercó a su alojamiento y encontró la escena. La Policía Nacional confirmó el hecho y anunció el inicio de las investigaciones.
Lo que convierte este caso en una alarma nacional es que la subteniente no murió en silencio: semanas antes había denunciado ante sus mandos un presunto acoso laboral por parte de un superior identificado como el teniente Daniel Felipe Guzmán Medina, comandante de distrito en San Andrés. Además, dejó videos, audios y registros escritos como prueba del hostigamiento al que era sometida, en el que participaban no solo su jefe inmediato, sino subalternos que redactaban anotaciones negativas en su contra.
Advertencias que nadie atendió
La familia asegura que Jenyfer dejó mensajes anticipando una posible tragedia. Su hermana Ladies Marciales reveló en Noticias Caracol que la oficial le había pedido que, si algo le llegaba a pasar, buscara a un compañero de confianza dentro de la institución, quien tendría conocimiento de todas las pruebas relacionadas con el acoso. «Busca a este amigo mío, policía, si me pasa algo, que él es la persona en la que yo confío y nos puede ayudar», fueron sus palabras.
Uno de los puntos más cuestionados por los allegados tiene que ver con los protocolos institucionales. Tras reportar el acoso, Jenyfer fue cobijada bajo la ley de acoso laboral y violencia de género, y fue remitida a psiquiatría como parte del proceso institucional. Sin embargo, la familia pregunta por qué, pese a ese procedimiento, se le permitió seguir portando su arma de dotación y fue enviada nuevamente a Providencia. «Ella había denunciado acoso laboral y no obtuvo una respuesta clara; la enviaron de regreso pese a lo que estaba ocurriendo», señaló su hermana.
La familia rechaza de plano la hipótesis del suicidio y ha tomado medidas legales. Leidy Marciales publicó en redes sociales que su hermana «no se suicidó, estaba siendo acosada, y sus mandos sabían de la situación». Los familiares contrataron un equipo de abogados y solicitaron a la Fiscalía General de la Nación investigar el caso como un posible homicidio, entregando como prueba todos los registros que la oficial dejó antes de morir. La Fiscalía ya asumió las indagaciones y la Policía reiteró que garantizará transparencia en el proceso.
