Exjefes paramilitares renuncian a ser gestores de paz por diferencias con comisionado Patiño

“Esta decisión obedece al reiterado incumplimiento de los compromisos por parte de la OCCP (Oficina del Consejero Comisionado de Paz). La realidad demostró que estas designaciones en la práctica se convirtieron en un gesto meramente simbólico, puesto que la OCCP jamás tuvo la intención ni compromiso real para materializarlas, los incumplimientos reiterados, dilaciones sistemáticas, la lesiva falta de transparencia, y la abierta insubordinación frente a sus órdenes presidenciales directas y públicas, la falta de gestión efectiva y voluntad política por parte de dicha oficina han minado la confianza, haciendo imposible continuar ejerciendo nuestras Gestorías de forma eficiente y digna”, dice parte de la carta.

El pasado 12 de noviembre, Petro había nombrado a 18 exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz pues se había anunciado la apertura de un escenario de diálogos “para el cierre del proceso de Ralito” (que llevó a la desmovilización de las Autodefensas hace dos décadas).

El tema de un diálogo formal empezó a sonar con más fuerza el 3 de octubre del año pasado, cuando Petro participó en un evento de entrega de tierras junto a Mancuso en Montería, Córdoba. Allí, el jefe de Estado habló de la necesidad de “terminar ese proceso de desmovilización” que se inició con el Acuerdo de Santafé de Ralito en 2003, durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

“Podemos reactivar la mesa de paz porque el proceso no ha terminado, no se han entregado a las víctimas los bienes que ustedes le entregaron a la justicia, el proceso quedó interrumpido. Propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Uribe con ustedes, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad”, dijo Petro ese día.

Dados los pocos avances, el pasado 9 de mayo renunciaron a las gestoría dos exjefes paramilitares: Ramón Isaza y Hebert Veloza García, conocido como ‘H.H’.

Ahora se sumó a ellos el resto de exjefes de las extintas AUC como Arnubio Triana Mahecha, conocido como ‘Botalón’; Ramiro Vanoy Murillo, ‘Cuco’ Vanoy; Héctor José Buitrago Rodríguez, ‘El Patrón’; Juan Francisco Prada Márquez, Juancho Prada; Luis Eduardo Cifuentes Galindo, el Águila; Hernán Giraldo Serna, ‘el señor de la Sierra’; Manuel de Jesus Pirabán, Pirata; Diego Fernando Murillo Bejarano, ‘Don Berna’; Salvatore Mancuso Gómez; Rodrigo Pérez Alzate, ‘Julián Bolívar; Carlos Mario Jiménez Naranjo, ‘Macaco’; José Baldomero Linares Moreno, Guillermo Torres; Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’; Edwar Cobos Téllez, ‘Diego Vecino’; Héctor Germán Buitrago Parada, Martín Llanos, y Fredy Rendón Herrera, ‘El Alemán’.

En la misiva exponen varias razones para la “suspensión” de ese encargo, entre ellas el incumplimiento de los tiempos para la instalación de ese espacio de conversación -que finalmente se dio el pasado mayo-. Según la carta, la fecha límite era 20 de mayo de 2024.

“La OCCP lejos de honrar su palabra, no solo incumplió el compromiso sino que, de manera unilateral y sin explicación, decidió cambiar el enfoque de la gestoría y negar rotundamente la posibilidad de instalar la mesa de cierre de Ralito tal y como lo había anunciado públicamente Usted, señor Presidente”, dice la carta firmada por todos los exjefes.

En diálogo con Colombia+20, Juan Carlos Villamizar, quien asesora a los ex-AUC en el proceso de cierre de Ralito, aseguró que tanto el comisionado Patiño como Álvaro Jiménez, consideraban que esa mesa con los ‘exparas’ no debía instalarse porque consideraban que el pacto de Ralito no había existido.

“Salvatore (Mancuso) en esa reunión le dijo a Otty: ‘Su jefe, el Presidente de la República, dio orden de manera pública, conmigo al lado, de instalar esa ‘ y el comisionado de paz le respondió: ‘quien interpreta las órdenes del Presidente soy yo, no usted’”, afirma Villamizar.

Así mismo, en la carta afirman que, para ellos, la actitud de la OCPP es otra forma de volver a negar lo que ocurrió.

“La negativa a reconocer ese capítulo de la historia nacional, tiene una intención subrepticia, la de reescribir la historia al acomodo y conveniencia de quienes dirigen esa oficina. Obedece a una postura prejuiciosa y dogmática que nos hicieron saber, ellos afirman que ‘la negociación de Ralito nunca existió’, lo que contradice la abundante evidencia histórica y judicial que acredita su legitimidad”, se lee en el documento.

En la carta, los ‘exparas’ también aseguran que durante ocho meses cumplieron con las instrucciones verbales y escritas sobres gestiones humanitarias e identificación de bienes, pero “nada se movió en la OCCP”.

Y agrega: “Solo un mes antes de que expirara nuestra gestoría su equipo apareció a pedir “planes de trabajo” incompatibles con los tiempos o fechas límites fijadas en las propias resoluciones, reflejo de la improvisación, y falta de compromiso de la OCCP. ”

También afirman que pidieron una reunión plenaria urgente entre todos los gestores y que, tras mucho insistir, la Oficina del Consejero Comisionado puso la fecha y gestionó la logística, pero que la cita se canceló dos días antes.

“Apenas 48 horas después, y sin alegar motivo técnico, jurídico o de seguridad, esta cita crucial fue inexplicable y unilateralmente cancelada por instrucción expresa de Otty Patiño, Álvaro Jiménez, María Paz Lara y Rodrigo Rojas”, se explica en la carta.

Villamizar dio más detalles y explicó que la reunión se iba a realizar esta semana en Bogotá y que, según la Oficina del Comisionado, se revocaron todos los permisos e hicieron “argucias” para parar ese encuentro.

“Iban a venir varios de los exjefes, ya se había logrado los permisos y de repente, por orden de Álvaro Jiménez se revocaron las autorizaciones. Sobre la razón, se afirmó que no era una coyuntura propicia para este evento y que podría generar ruido en otras mesas. Personalmente no creo eso. Se trata solo de dilatar, dilatar, dilatar”, explica el abogado.

Villamizar afirma que estas decisiones parecen ser contradictorias dentro del Gobierno, pues el mismo presidente Petro aseguró el pasado 6 de mayo durante la tercera sesión de la Comisión Intersectorial Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que estaba pensando en sacar a dos de estos gestores de la cárcel para ver si así se finiquitaba el proceso de Ralito.

“Y estoy pensando, y lo digo en público, porque yo les di un listado como gestores de paz, pensando ellos que quizás salían de la cárcel, que no, porque la ley no le da esa connotación a la figura, puede ser, puede que no, gestor de paz es ayudar a hacer la paz aun estando presos. Y eso hay que verlo, si presos ayudan a hacer la paz. Pero estoy pensando en que puedan salir dos de ellos. Si se comprometen a que el proceso que finaliza Ralito se finiquita realmente en Colombia, e incluye miembros del ‘clan del Golfo’, que están incumpliendo ese acuerdo”, dijo entonces el Jefe de Estado.

Por último, en el documento se explica que los exintegrantes de las UAC prefieren tener un diálogo directamente con el presidente y le piden una fecha para ello.

“Esa oficina minimiza las causas estructurales de la violencia a conveniencia, y demuestra no comprender ni el carácter, ni la dimensión, ni su profundidad, ni los factores que la perpetúan. Nos apartamos del ruido estéril, pero jamás desistimos de continuar trabajando por la paz de nuestro país. Por ello nos parece importante sostener un diálogo directo con usted (…) Por lo anterior, le solicitamos respetuosamente ser recibidos directamente por usted, en la fecha, hora y lugar que considere conveniente, con el propósito de continuar avanzando en los caminos de reconciliación y en la consolidación de la paz que usted ha liderado”, dicen.

La pugna por la instalación de la “mesa de cierre”

Tras casi un año de retraso, el pasado 30 de abril se instaló ese escenario de conversación, en Córdoba, Montería, pero el acto generó tensiones en el Gobierno pues no fue liderado por el comisionado de Paz, sino por la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica, María Gaitán.

La razón, según le explicó entonces a este diario la directora Gaitán, es que “esta mesa no es para una negociación de paz, sino para el cierre de un proceso que inició hace más de 20 años”.

Aunque para la desmovilización de los paramilitares se creó la Ley 975 de 2005 y se puso en marcha el sistema de Justicia y Paz, quienes se acogieron argumentan que nunca se firmó un acuerdo de paz (no hubo ningún documento, pues todo se hizo a través de pactos verbales) ni se hizo un cierre del proceso.

Gaitán detalló que, además de las acciones en reparación y verdad, lo que se busca es que el Centro de Memoria avance en la producción de un informe sobre “lo que el país no conoce”.

Sin embargo, días después, el 15 de mayo, Colombia+20 pudo confirmar que luego discusiones en el alto gobierno (y algunos “jalones de orejas”), se decidió que sea la OCCP, en cabeza del comisionado Patiño, era la entidad que iba a toma las riendas de esta mesa, que será de conversaciones (no de negociación).

De hecho, el Centro Nacional de Memoria Histórica tomó distancia del proceso y en un comunicado dijo entonces que “bajo ninguna circunstancia el CNMH buscaba suplantar competencias de otras entidades de Gobierno, ni extralimitarse en sus funciones».

¿Qué se ha logrado con los gestores de paz?

La figura de los gestores de paz, que existe a partir de la Ley 418 de 1997, fue creada para designar a personas que han pertenecido a los grupos armados ilegales y que pueden prestar sus buenos oficios en varias tareas que ayuden a alcanzar acuerdos humanitarios o avanzar en contactos que permitan consolidar la paz con esas estructuras.

Uno de los presidentes que más ha usado la figura de gestores de paz es Álvaro Uribe Vélez. En su momento, los nombramientos no estuvieron motivados en una exploración de voluntad de paz, sino que fueron una estrategia para excarcelar guerrilleros que lograran la desmovilización de sus excompañeros de armas.

En los 24 años de existencia de las gestorías de paz, uno de los casos emblemáticos ha sido el de “Juan Carlos Cuéllar” (Gilberto Astudillo Victoria). Él ha sido puente entre esa guerrilla y los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque en sus intentos por lograr la paz con el ELN, y actualmente tiene ese rol en las negociaciones que esa guerrilla adelanta con el Gobierno Petro.

En el caso de los exparamilitares, la idea de Petro para esa mesa era cerrar el proceso y entregar los bienes y más verdad.

“Podemos reactivar la mesa de paz porque el proceso no ha terminado, no se han entregado los bienes a las víctimas que ustedes le entregaron a la justicia, el proceso no se ha terminado, quedó interrumpido y para eso propongo instalar la mesa para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez con ustedes, esta vez sin traición y sin miedo a la verdad, que existía en esa época”, aseguró Petro entonces.

Desde que se instaló es mesa hace un mes, el avance más significativo fueron los acuerdos a los que se llegó al cierre de ese evento.El primero fue con la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) en el que ratificaron su compromiso para seguir contribuyendo a la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.