Un juez ordenó al gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y a las Fuerzas Militares suspender los bombardeos u operaciones ofensivas en zonas donde haya información verificada de que puede haber presencia de menores de edad.
La decisión llega tras la acción de tutela de un ciudadano, que, actuando como “agente oficioso de los niños, niñas y adolescentes reclutados o utilizados por grupos guerrilleros”, solicitó que, una vez se tenga información verificable sobre su presencia en dichos lugares, donde puedan resultar afectados por operaciones aéreas ofensivas, estas sean suspendidas.
De acuerdo con el Juzgado 34 de Familia de Bogotá, la medida deberá implementarse conforme al estándar reforzado de protección establecido en el artículo 44 de la Constitución Política, que reconoce como fundamentales, entre otros, los derechos de los niños, niñas y adolescentes a la vida, a la integridad física y a la protección contra toda forma de violencia. Allí mismo se dispone expresamente que sus derechos prevalecen sobre los de los demás.
Con este contexto en mente, el juzgado ordenó a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Militares que: “se abstengan de ejecutar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, razonablemente verificable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados”.
Lo anterior, hasta que no se adopten y revisen las medidas de precaución y protección necesarias y se determine que no existe otra alternativa menos peligrosa de ataque que permita lograr el mismo objetivo de acabar con la célula de los grupos armados.
