“Si yo hubiera sido paramilitar, lo habría sido de frente”, fue la frase con la que el expresidente Álvaro Uribe hizo un llamado a la justicia colombiana para que llegue a una decisión sobre su situación judicial y nada quede en el limbo.
Esto es debido a que la Fiscalía General de la Nación le abrió una investigación por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida, en relación con presuntos hechos de violencia ocurridos durante el periodo en el que fue gobernador de Antioquia (1995-1997).
La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia investiga hechos relacionados con la masacre de La Granja, ocurrida en 1996, la masacre de El Aro (1997), el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle (1998) y la presunta conformación de una estructura paramilitar en la hacienda Guacharacas, que para ese entonces era propiedad de la familia Uribe.
Aunque el líder natural del Centro Democrático ya fue llamado a indagatoria, el proceso se encuentra en medio de un conflicto de competencias. La Fiscalía sostiene que le corresponde adelantar la investigación, pero la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes reclama el expediente por el fuero presidencial.
El argumento de la Comisión se basa en el delito de concierto para delinquir, que al ser considerado una conducta de carácter permanente, podría haberse prolongado hasta 2003, cuando Uribe ya era presidente.
